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A un año del Decreto de la Zona Libre de Chetumal

Por Fernando Castro Borges

El 31 de diciembre de 2020, el Ejecutivo federal publicó el “Decreto que tiene por objeto establecer la Región Fronteriza de Chetumal, en la localidad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, para otorgar los estímulos fiscales establecidos en el mismo”.

Ya pasó un año y no hay acciones concretas: no se ha incrementado el intercambio de mercancía; sigue como si nada el crecimiento en las importaciones en la zona fronteriza sur; no se registra mayor número de operaciones comerciales; no se ven empresas de logística tapizando las calles cercanas a la Aduana; no hay incremento en el padrón de importadores… Lamentablemente, ni siquiera existe el interés gubernamental de que suceda algo. ¡No ha pasado nada!

Este ordenamiento contempla estímulos fiscales para incentivar el comercio internacional, haciendo que Chetumal tuviera su propia identidad económica, convirtiéndose en un polo estratégico para el desarrollo del sureste mexicano.

Los empresarios locales han gestionado algunos cambios para facilitar la tramitología y poder gozar los beneficios de carácter fiscal, en lo referente a operaciones de comercio exterior, sin que hayan tenido mayores avances.

Quintana Roo no tiene un área en el gobierno local con visión estratégica, que pueda incentivar el comercio interior y exterior. Desafortunadamente, los proyectos que pudieran cambiar la cara económica de la región están en manos de gente que sueña con vender proyectos “espejito” y el intercambio de mercancías no se realiza con proyectos efímeros.

En esta región fronteriza se sabe negociar. Los habitantes lo traen en la sangre. No es nuevo para las familias, ya que desde la fundación de la entidad, el intercambio de mercancías ha sido una práctica normal en Chetumal. En el siglo pasado ya habían tenido una Zona Libre. Esta ciudad se forjó con el trabajo duro que se requiere para vivir del comercio exterior.

Los empresarios quieren tener certidumbre y han encontrado una serie de irregularidades que impide tener la confianza de reglas claras. Hay proyectos que no se concretan y que se han convertido en una cadena de torpes tropiezos por la falta de compromiso con los empresarios.

Hay un Recinto Fiscalizado Estratégico, responsabilidad del Gobierno estatal, que no ha iniciado operaciones por las irregularidades que han salido a la luz pública; por ejemplo, el inicio de una ampliación cuando el proyecto está evidentemente inconcluso, o porque los empresarios que ocuparon tres de las cuatro primeras naves ya se han retirado.

Además, está el hecho de que se haya contratado como fideicomitente al Banco Accendo, que perdió recientemente su licencia en México y no se puede operar porque se requiere de esta figura para su debido funcionamiento.

La falta de interés e ingenuidad han llevado a que estos proyectos económicos no sean una realidad y sólo quede en el imaginario de servidores públicos de muy escasos alcances.

Los empresarios de Chetumal están entusiasmados, pero necesitan ser tomados en cuenta. No se pueden tener políticas de desarrollo económico sin considerar las necesidades y elementos que requieren quienes tienen el mayor riesgo de inversión: los comerciantes locales.

Llegamos a mediados de enero de 2022, con un Decreto que no ha generado una acción concreta… Quizá por eso no quisieran recordar que el tiempo pasa y no pasa nada.

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