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AMLO quiere recortar más al gobierno en su último año de mandato: plantea eliminar, fusionar o integrar 18 instituciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que el gobierno se apriete más el cinturón y se haga más compacto durante su último año de gestión —que termina el 30 de septiembre de 2024—, de acuerdo con una iniciativa de reforma que este martes envió a la Cámara de Diputados.

La propuesta plantea reformar diversas normas, en particular la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para con ello suprimir, fusionar o incorporar 18 instituciones cuyas funciones no considera esenciales o sostiene que están duplicadas y, por ello, representan un gasto innecesario para el país.

“La reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”, dice el documento en la exposición de motivos.

De las 18 instancias en la mira, las dos que el gobierno propone suprimir completamente son el Fideicomiso de Fomento Minero y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Este último espacio fue creado con la reforma de combate a la corrupción aprobada durante el sexenio pasado, con la finalidad de que fungiera como el órgano técnico que procesara los acuerdos entre los integrantes del SNA, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

A lo largo de su mandato, López Obrador reiteradamente ha descalificado al SNA, que considera una invención del pasado gobierno para “simular” que se combatían los actos corruptos.

Frente a estos señalamientos y a la nueva propuesta de eliminar la Secretaría Ejecutiva, la organización Ethos advirtió este martes que suprimirla sería un error porque esto afectaría la operación del SNA y de los sistemas anticorrupción locales.

Adiós a la Comar, más tareas para el INPI

Para las otras 16 instancias contempladas en la iniciativa, el gobierno de López Obrador plantea que dejen de ser organismos separados y se incorporen a otros ya existentes.

“La concentración de funciones de los órganos de la APF, además de optimizar recursos y facultades, permitirá formular e implementar políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las demandas y necesidades de la sociedad mexicana en su complejidad”, argumenta.

Así, el gobierno busca que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se convierta en una unidad administrativa integrada a la Secretaría de Gobernación (Segob). Esto, a pesar de la creciente demanda de servicios a la Comar, ante la que miles de personas migrantes han tramitado solicitudes de asilo en los últimos años. Tan solo en 2022, la Comar recibió más de 118 mil peticiones de este tipo.

Otro órgano que se plantea incorporar es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que se busca transformar en unidad administrativa del DIF.

De forma similar, se propone que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera pasen a ser unidades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura se integre a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) se busca sumarle dos unidades administrativas: una que aloje al hoy Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y otra para la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe.

Fusión de órganos ambientales y sociales

En el sector ambiental, la iniciativa de López Obrador materializa planes que se habían hecho públicos cuando menos desde 2021.

Uno de ellos es que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se incorpore a la Comisión Nacional del Agua (Conagua); otro, que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) se integre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el sector social, la propuesta prevé que cuatro órganos desconcentrados y descentralizados de la Secretaría de Bienestar se integren como unidades administrativas a la propia dependencia: el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Por último, a la Secretaría de Energía (Sener) se plantea incorporarle la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; al Fondo de Cultura Económica (FCE), la Dirección General de Publicaciones que hoy opera en la Secretaría de Cultura, y a la Secretaría de Salud, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.

La ruta y el panorama de la reforma

La iniciativa presidencial fue recibida formalmente este martes por la Cámara de Diputados. Se turnó para dictamen a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Pese a que solamente restan 11 días para el cierre del periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, el bloque legislativo formado por Morena y sus aliados del PT y el PVEM tiene la fuerza necesaria para hacer que el asunto sea procesado de forma exprés.

Así ocurrió con el paquete de reformas electorales conocidas como “plan B”, que fueron discutidas y votadas en el pleno de la Cámara el mismo día que llegaron.

Hasta la noche de este martes, Morena no había dado a conocer si su objetivo será sacar adelante la iniciativa presidencial de manera rápida, o bien, si permitirá que se analice, discuta y vote en un periodo extraordinario o hasta el periodo ordinario que arranca en septiembre.

En cualquier caso, al implicar reformas de ley y no a la Constitución, el bloque encabezado por Morena cuenta con la mayoría simple necesaria para aprobarlas por sí solo. Morena, PT y PVEM suman 275 de 500 votos posibles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde si el documento es avalado deberá ir al Senado.

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