Aprueba Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública siete opiniones a iniciativas

• Las reformas fueron presentadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT y MC

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Erasmo González Robledo (Morena), aprobó siete opiniones de impacto presupuestal a igual número de iniciativas, mismas que fueron remitidas a las comisiones dictaminadoras.

Opiniones

Con 40 votos a favor, se avaló la opinión al proyecto que expide la Ley de Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas en Casos de Emergencia, Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política, promovida por el grupo parlamentario de MC.

La Comisión establece que generaría un impacto presupuestario al erario federal; sin embargo, aclara que no se puede cuantificar su efecto en las finanzas públicas, ya que no se cuenta con suficientes elementos para determinar las medidas que se aplicarían con la declaratoria.

La opinión a la iniciativa que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, impulsada por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) fue aprobada por 42 votos. Establece que generaría un impacto presupuestario estimado en 155.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023.

También, con 42 votos, se ratificó la opinión a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, presentada por el diputado del PT, Jesús Fernando García Hernández. La Comisión señala que el impacto presupuestario sería entre 269.9 a 638.1 millones de pesos para 2022.

Con 44 votos, se validó la opinión a la iniciativa que expide la Ley Federal de Desarrollo Sustentable y Protección al Germoplasma de Nopal, Tuna y Maguey, presentada por el diputado Raymundo Atanacio Luna (PT), la cual generaría un impacto presupuestario estimado en 31 millones de pesos a precios de 2022.

Además, con 41 votos, se aprobó la opinión a la iniciativa que expide la Ley de Agricultura Familiar, promovida por la diputada Claudia Tello Espinosa (Morena), misma que tendría un impacto presupuestario mínimo estimado de 38 millones 004 mil pesos a precios del 2022.

Con 23 votos a favor, 14 contra y una abstención, se avaló la opinión a la iniciativa que expide la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, impulsada por la diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI).

Se estima que podrían requerirse 388 millones 583 mil 860 pesos para establecer medidas de protección para toda aquella persona que denuncie posibles hechos de corrupción y 400 mil pesos para el Registro de Personas Protegidas. En total, el impacto presupuestario asciende a 388 millones 983 mil 860 pesos a precios de 2022.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) sostuvo que existen los recursos para proteger a los denunciantes y generar condiciones de mejor tratamiento a los temas de corrupción. Estimó que con los recursos que cada año aprueba la Cámara de Diputados, la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos “puede contar con esos recursos”. Recalcó que “el impacto presupuestario realmente es menor en función de lo que esta soberanía aprueba año con año”.

Con 24 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, se ratificó la opinión a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para la creación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la Frontera Norte, impulsada por la diputada Daniela Soraya Álvarez e Integrantes del grupo parlamentario del PAN.

La Comisión de Presupuesto menciona que causaría un impacto presupuestario de 16,001.09 millones de pesos, por la creación del Fondo antes mencionado.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) consideró necesario crear el fondo de aportaciones, “toda vez que hemos observado que ha habido una menor recaudación federal participable año con año, en las que están recibiendo menos recursos”. Enfatizó que la iniciativa “viene a fortalecer a las entidades federativas en sus fondos participables”.

Desechan dictámenes

Con 27 votos a favor y 17 en contra, se avaló el dictamen que desecha la iniciativa que reforma el artículo Vigésimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

Pretendía establecer que en el programa denominado La Escuela es Nuestra se incluyan los recursos necesarios para ejecutar los objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, y los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la dependencia responsable de estos programas, en las que se deberán definir los montos asignados a cada uno de sus tres componentes.

Buscaba cambiar el mes de publicación de las reglas de operación de los programas La Escuela es Nuestra y Expansión de la Educación Inicial, de febrero a junio, así como el mes para remitir los proyectos de reglas de operación a la Secretaría de Educación Pública, de enero a mayo.

El diputado promovente, Román Cifuentes Negrete (PAN) expresó que el Programa Escuelas de Tiempo Completo ha tenido un impacto positivo en favor de la comunidad educativa, y el insistir en su permanencia representa progresividad de derechos de los alumnos, jóvenes y beneficiarios, por lo que se debe analizar a detalle la necesidad de mantenerlo y asignarle recursos.

Mario Miguel Carrillo Cubillas, diputado de Morena, mencionó que en el pasado mes de abril muchos de los elementos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ya fueron considerados en el denominado La Escuela es Nuestra, “y en dado caso este no sería el medio indicado para solicitar las adecuaciones”.

Con 41 votos a favor y 3 en contra, se aprobó el dictamen que desecha el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a precisar que los ajustes de disciplina presupuestaria que no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse en otros conceptos que procuren no afectar los programas sociales, en específico aquellos destinados al campo.

Pedía agregar que queda exceptuada de la reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los ingresos por impuesto a que se refiere el calendario de la Ley de Ingresos, el presupuesto asignado a Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Salomón Chertorivski Woldenberg, diputado de MC, expuso que la reforma no pretende incrementar el presupuesto, sino que no se pueda disminuir el previamente autorizado; es decir, que lo que se apruebe en el Congreso no se pueda modificar y se dañe al medio ambiente.