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Avión sospechoso: investigan si hay datos adulterados en los pasaportes de los iraníes

Los investigadores que buscan determinar las intenciones de la tripulación del avión secuestrado en Ezeiza, investigan una hipótesis de los querellantes sobre los documentos secuestrados a los iraníes. Creen que si bien sus pasaportes son genuinos, los datos biométricos allí insertados podrían ser falsos, dijeron a LA NACION dos fuentes diferentes relacionadas con el caso.

“Esto es más grave de lo que pensábamos, creo que tenemos motivos para preocuparnos”, dijo uno de los investigadores en alusión a esta sospecha instalada desde hace 48 horas entre los querellantes.

No obstante, otros investigadores que trabajan en el caso dijeron a La Nacion que descreen de esta idea, aunque se dispusieron medidas de prueba para determinar si hay algo de cierto o no en esta presunción.

Hoy se realizó en el juzgado federal de San Isidro una reunión de la “mesa de trabajo” de los integrantes de de las fuerzas federales de seguridad que están aportando informes, con el juez federal Federico Villena, la fiscal federal Cecilia Incardona y los querellantes de la DAIA.

Allí se analizaron medidas de prueba para establecer la identidad de los tripulantes iraníes sin que queden lugar a dudas. Se repasó la información que ya fue enviada al juzgado, la que resta enviar y se analizaron qué nuevos pedidos hay que efectuar.

Los integrantes de la “mesa de trabajo” firmaron un pacto de confidencialidad para enviar filtraciones de la investigación.

De comprobarse esta sospecha de la querella, las implicancias podrían ser muy graves ya que se estaría frente a un documento legítimo, emitido oficialmente por un Estado, pero con datos falsos insertados adrede para esconder la verdadera identidad de su dueño.

Allanamiento en el hotel Plaza Central Canning
Allanamiento en el hotel Plaza Central Canning – Créditos: @Ricardo Pristupluk

En simultáneo con esta información circuló la versión de que representantes del gobierno de Irán estaban sondeando a estudios jurídicos de peso para que represente sus intereses en el expediente. Esa especie no pudo ser corroborada ni en la Embajada ni en el foro local, donde una docena de consultas realizadas dieron resultado negativo.

Por ahora en la causa hay 19 tripulantes del avión Boeing 747 de Conviasa, aerolínea estatal venezolana con sus pasaportes retenidos por el juez Villena y con una prohibición de salida del país. Además el avión está secuestrado por el juzgado y paralizado en Ezeiza, desde que arribó el 6 de junio pasado.

El juez, apenas tomó intervención en el caso, le pidió a la Policía Federal un peritaje “urgente” sobre los pasaportes para verificar su autenticidad. Que realice un peritaje para establecer “si resultan ser auténticos o apócrifos” y que se indique si hubo “anomalías o adulteraciones presentes”.

La División Scopometría de la Policía Federal informó que tanto los pasaportes pertenecientes a los ciudadanos venezolanos como los correspondientes a los iraníes “resultan auténticos” . Y la misma conclusión se llegó con respecto a “las visas de EE.UU. adheridas a algunos de esos pasaportes”.

“No fueron halladas acciones de orden físico que hayan modificado los datos allí insertos”, dijeron los especialistas en documentos de la Policía Federal que sugirieron que se le pida información “al organismo emisor”, es decir Irán y Venezuela.

En ese sentido, el juez el pidió a la Sección Consular de Irán y a la de Venezuela que le informe si los cinco tripulantes iraníes, y los 14 venezolanos, son ciudadanos de esos países y que les mande la mayor cantidad de datos sobre ellos. Nada llegó al juzgado.

Ghasemi Gholamreza
Ghasemi Gholamreza – Créditos: @Enrique García Medina

Asimismo el juez le envió en su momento a la AFI las fichas dactiloscópicas de los tripulantes, iraníes y venezolanos, pero el organismo de inteligencia informó al juez el 15 de junio pasado, hace dos semanas, que “no se detectaron coincidencias de alerta, restricciones y/o impedimento alguno para ninguna de las personas integrantes de la tripulación del avión matrícula YV3531 cuya nómina fue comunicada oficialmente a esa Agencia por la Dirección Nacional de Migraciones”. Así reza la resolución 526/22 del organismo.

La AFI le dijo en ese momento al juez que revisadas las bases de datos y chequeada con la información de las agencias de inteligencia extranjeras con las que Argentina suscribió un acuerdo para el intercambio de información, “los resultados de la búsqueda fueron negativos, tanto de la tripulación como de la aeronave”.

Para ese momento, ya se sabía que el delegado de la AFI en Paraguay informó el 6 de junio a las 19 horas las sospechas que existían sobre la aeronave y sus tripulantes, según dijo en público el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que al día siguiente habló con el presidente Alberto Fernández de este tema, antes de que viaja a la Cumbre de las Américas en Los Angeles.

En cuanto a los pasaportes, el juzgado envió al FBI “copia de las fichas decadactilares de los tripulantes” y le pidió que le informe “si alguno de ellos tiene algún tipo de relación con las fuerzas Quds, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica” y si está vinculada a una organización terrorista.

El FBI, el 18 de junio informó que el iraní Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del consejo de administración de Oeshm Fars Air y, también, piloto (número de pasaporte iraní M51374791). Agregó que Oeshm Fars Air fue designado por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a las Fuerza Quds y que la aerolínea iraní Mahan Air, fue designada como entidad terrorista (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT).

El informe menciona que Oeshm Fars Air opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la fuerza Quds y el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Iraní y que los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria de forma regular, y que esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo. El avión fue supuestamente vendido por Maham Air a Conviasa, una aerolínea estatal venezolana, sancionada por los Estados Unidos y mencionada en la causa AMIA como prestando apoyo a actividades del Hezbollah.

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