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Biden espera que pequeños cambios tengan grandes repercusiones en la inmigración

WASHINGTON — Incluso antes del espectáculo político del gobernador republicano que llevó en avión a migrantes a una pequeña isla dedicada al turismo en Massachusetts, los principales funcionarios encargados de la protección fronteriza del presidente Joe Biden decidieron que tenía que haber un mejor sistema de asilo en Estados Unidos.

Debido a los nuevos patrones migratorios mundiales, la gente se dirige a la frontera sur de Estados Unidos, muchos huyen de la inestabilidad, la persecución, la guerra, el hambre y las dificultades económicas. Las cifras son abrumadoras. Por primera vez, más de 2 millones de migrantes fueron detenidos cuando intentaban cruzar la frontera el año pasado.

Venezolanos, cubanos y nicaragüenses se unen a otros migrantes que se sienten atraídos por el pujante mercado de trabajo estadounidense y por el hecho de que Biden prometió no separar a las familias, ni construir un muro a lo largo de la frontera, ni obligar a los solicitantes de asilo a esperar en paupérrimos campamentos en México, todas políticas adoptadas por el expresidente Donald Trump.

Sin embargo, la pregunta que queda en el aire ha sido un problema para presidentes y legisladores de ambos partidos durante décadas

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¿Qué hacemos con toda esa gente?

Biden no tiene una solución mágica para que se revise el sistema migratorio sin el apoyo bipartidista del Congreso, una posibilidad que nadie en Washington espera que suceda en el futuro próximo. Pero tras meses de debate en la Casa Blanca, el gobierno de Biden ha comenzado a atender una pequeña parte del problema: el lamentable retraso en el proceso para decidir quién puede solicitar asilo, o protección en caso de ser perseguido, en Estados Unidos.

El objetivo es acelerar el sistema, en parte, al darle a los funcionarios de asilo la facultad de decidir quién se queda y quién debe ser rechazado, lo cual antes solo correspondía a los jueces. Los migrantes serán entrevistados entre 21 y 45 días después de que presenten su solicitud de asilo, mucho más rápido que los años que tomaba con el actual sistema judicial migratorio. La decisión de si se le otorga asilo o no a un migrante debe ser rápida y emitirse de dos a cinco semanas después de la entrevista.

Por ahora, los cambios son menores. Desde fines de mayo, solo 99 personas han completado lo que se denomina entrevistas de mérito de asilo con un funcionario de asilo y se les ha evaluado por completo conforme a las nuevas reglas. De esos, se les otorgó el asilo a 24 personas, mientras que el caso de la mayoría de los restantes regresó al sistema judicial migratorio para una apelación.

Los funcionarios dijeron que estaban avanzando con lentitud para poner a prueba los procedimientos y que se necesitarían cientos de funcionarios, a los que aún no se ha contratado, para ampliar el sistema.

Las nuevas reglas no abordarán las fuerzas sociales y económicas de otros países que motivan a los migrantes a huir. Tampoco cambiarán el sistema saturado que se encarga de los migrantes que no solicitan asilo. Y seguirá existiendo el desafío de deportar lo más rápido posible a aquellos a los que se les niegue el asilo.

Aun así, los defensores del nuevo proceso dicen que se trata de un replanteamiento fundamental del sistema tras años en que los gobiernos anteriores se centraron sobre todo en aumentar el número de jueces de inmigración.

“Estamos sentando las bases para un nueva manera de gestionar las solicitudes de asilo”, comentó Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, cuyo departamento supervisa el sistema migratorio.

En algunas comunidades, donde los puestos de trabajo no se cubren, la ciudadanía ve con buenos ojos la afluencia de inmigrantes en busca de trabajo.

Pero republicanos como el gobernador de Florida Ron DeSantis y el gobernador de Texas Greg Abbott han condenado la gran cantidad de personas que llegan a las ciudades fronterizas. DeSantis dijo a los periodistas este mes que seguiría enviando a los migrantes a otras partes de Estados Unidos, con el argumento de que bastiones liberales como Martha’s Vineyard —a donde envió a decenas de migrantes— están demasiado alejados del influjo de migrantes y su impacto en las comunidades.

Afirmó que su solución a la cuestión migratoria equivalía a enviar a los migrantes “de regreso a México o de regreso a su país natal”, un reflejo de la mentalidad de Trump de “construyan el muro y déjenlos afuera” con la que muchos republicanos coinciden.

Después de que un grupo de migrantes demandó a DeSantis, con el argumento de que subieron a los aviones con engaños, el senador republicano de Florida Marco Rubio publicó molesto un mensaje en Twitter: “Al parecer, Estados Unidos es la única nación del mundo a la que puedes ingresar violando las leyes y, una semana después, demandar al gobierno por las leyes que violaste”.

Cuando se le preguntó sobre los esfuerzos de los republicanos para trasladar a los migrantes, Mayorkas fue directo.

“Lo que estamos haciendo es gobernar. Ellos están politizando y explotando a la gente para fines que no son gobernar”, afirmó.

Pero no todos los activistas por los derechos de los migrantes están de acuerdo, ya que dicen que el nuevo proceso es demasiado rápido.

Eleanor Acer, directora del programa de protección para refugiados de Human Rights first, dijo que los migrantes necesitaban más tiempo para encontrar abogados y recabar sus documentos personales.

Pero agregó: “Si el proceso se mejorara y contara con los recursos adecuados, cambiaría las cosas”.

Un grupo grande de migrantes cruza el río Bravo para llegar a Eagle Pass, Texas, el 16 de mayo de 2022. (Tamir Kalifa/The New York Times)

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