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Corte desecha amparo de Elektra vs pago al SAT; Salinas dice que irán a instancias internacionales

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar el amparo que había promovido Grupo Elektra, contra el pago de 2 mil 636 millones de pesos por adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), del ejercicio fiscal 2006.

Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros determinaron en la sesión de este miércoles que la revisión del amparo 2497/2018 era improcedente, aunque esto no quiere decir que la empresa perdió el amparo y tenga que realizar el pago al SAT, sino que el expediente regresará a un tribunal Colegiado, para que resuelva el asunto en definitiva.

Los ministros de la Suprema Corte tomaron la decisión por considerar que carecía de importancia y trascendencia, tomando en cuenta que existen precedentes de las Salas en las que ya se ha analizado el tema.

Ante la resolución, Grupo Salinas, al cual pertenece Grupo Elektra, acusó a través de redes sociales a la Segunda Sala de la Corte de “violar su derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa”.

El conglomerado, del que es dueño el empresario Ricardo Salinas Pliego, advirtió que recurriría a las instancias internacionales correspondientes para “defender su legítimo derecho”.

“En Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son parte fundamental de la democracia; hacer uso de ellos es una manera no solo de defender nuestras empresas y negocios, sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción del pleno respeto al libre mercado y el Estado de Derecho”, escribieron en un comunicado.

A finales del 2020, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvieron que Grupo Elektra debía pagar al SAT 18 mil 455 millones de pesos por adeudos de ISR del ejercicio fiscal 2013.

Con ello quedó infundado el juicio de nulidad entonces promovido por Elektra para impugnar el pago que solicitaba el SAT.

Días después, la Sala Superior ratificó otra resolución que obliga al conglomerado a pagar más de 2 mil millones de pesos por un crédito fiscal del ejercicio 2010.

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