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El caso de ‘impeachment’ contra Mayorkas ignora las facultades del gobierno en materia de migración

WASHINGTON — El juicio político (también conocido como “impeachment”) promovido por los republicanos de la Cámara de Representantes contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, se centra en una acusación sencilla: que contravino la ley porque no aplicó normas migratorias diseñadas para evitar que los migrantes ingresen a Estados Unidos sin autorización.

El Comité de Seguridad Nacional aprobó los artículos de juicio político que describen los cargos contra Mayorkas en una votación conforme a la política del partido por la mañana del miércoles; el siguiente paso, la próxima semana, será la votación de la Cámara de Representantes en pleno. De aprobarse el juicio político contra Mayorkas, sería apenas el segundo secretario del Gabinete en la historia de Estados Unidos en recibir ese castigo, el primero en 148 años y el único acusado por el Congreso sencillamente por aplicar las políticas del presidente para el que trabaja.

Los republicanos siguieron adelante con el proceso a pesar de que varios estudiosos de la Constitución, secretarios de seguridad nacional anteriores e incluso algunos antiguos asesores legales del expresidente Donald Trump advirtieron que ninguna de las acusaciones hechas en contra de Mayorkas cumple la definición de un delito de abuso o violación de los deberes propios de su cargo público (designados “high crimes and misdemeanors”), el estándar establecido en la Constitución para los procesos de impeachment.

El Partido Republicano argumenta que el hecho de que el secretario no haya defendido algunos aspectos del derecho migratorio ya constituye un delito constitucional. El problema es que, en Estados Unidos, el presidente y su administración cuentan con facultades amplias para controlar la frontera, y Mayorkas no ha actuado por encima de esas facultades.

A continuación, explicamos qué aspectos del caso de impeachment en su contra carecen de fundamento legal.

El gobierno goza de facultades amplias para decidir cómo y cuándo detener a los migrantes.

Los artículos de juicio político aprobados por el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes acusan a Mayorkas de desdeñar varias disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad según las cuales los migrantes susceptibles de ser deportados “deben ser detenidos” hasta que sea posible retirarlos del país. El cargo es que el secretario aplicó un esquema de “captura y liberación” para permitirles a migrantes no admisibles ingresar a Estados Unidos, a sabiendas de que sería difícil o incluso imposible garantizar que se presentaran para el procedimiento de retiro ante un tribunal de inmigración.

Sin embargo, estos cargos ignoran el hecho de que Mayorkas también cuenta con facultades legales para decidir la prioridad con que deben ser detenidos los migrantes, dada la escasez de camas y los retrasos considerables en los tribunales de inmigración.

“Al Congreso le encanta promulgar leyes que es imposible aplicar”, explicó Aaron Reichlin-Melnick, director del American Immigration Council, quien añadió que cumplir las órdenes de detención por lo regular “depende de los recursos”.

Estados Unidos no ha tenido suficientes camas para cubrir el número de migrantes en espera de procedimientos de retiro desde hace varios años, mucho antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. Incluso el gobierno de Trump dejó libres a varios migrantes en el país, pues la capacidad máxima de detención —de unas 55.000 personas en 2019— no era suficiente para el número de personas que solicitaban autorización para ingresar. La política de Trump llamada “Remain in Mexico”, según la cual algunos migrantes debían esperar su fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración fuera de Estados Unidos y que los republicanos desean volver a instaurar, no era aplicable a todos los migrantes que presentaban solicitudes en la frontera.

La facultad de otorgar la libertad condicional les permite a los migrantes vivir y trabajar de manera temporal en Estados Unidos.

Uno de los cargos del juicio político afirma que Mayorkas “les otorgó la libertad condicional en masa a extranjeros para librarlos de la detención obligatoria”, también en este caso con la intención de socavar la ley.

Pero lo cierto es que la ley de inmigración le otorga al poder ejecutivo la facultad de concederles la libertad condicional a los migrantes por motivos humanitarios o si su admisión beneficia al público, para que vivan y trabajen de manera temporal en Estados Unidos. La decisión de conferir la libertad condicional debe tomarse en cada caso individual y no hay ninguna restricción en cuanto a los criterios que puede considerar el secretario para determinar quién cumple las condiciones. Tampoco hay un límite legal para el número de migrantes a los que es posible permitirles el ingreso al país en virtud de esas facultades.

Mayorkas ha tenido diferencias con los republicanos en el tema de qué constituye ‘control operacional’ de la frontera.

Los republicanos de la Cámara de Representantes también acusan a Mayorkas de mentir bajo juramento sobre el estado de la frontera cuando dio su testimonio en 2022 y afirmó que el departamento tenía “control operacional”. Más adelante, explicó que había utilizado una definición empleada por la Patrulla Fronteriza, según la cual “control operacional” es “la capacidad de detectar, responder y prohibir la penetración de la frontera en áreas consideradas de prioridad alta”. El problema es que no coincide con el texto contenido en una ley de 2006 llamada “Secure Fence Act”, que define el término como la ausencia de cruces ilícitos de migrantes o drogas.

Los demócratas, varios estudiosos de la Constitución y algunos predecesores de Mayorkas no creen que el caso contra Mayorkas sea procedente.

Los demócratas se oponen por completo a las acciones de los republicanos para someter a Mayorkas a juicio político, puesto que las califican como un ardid político que le da la interpretación opuesta a un proceso constitucional. Si se somete a Mayorkas a un juicio político, es casi seguro que el Senado encabezado por los demócratas lo absuelva en un juicio que requeriría una mayoría de dos terceras partes de los miembros para declararlo culpable y removerlo del cargo.

De cualquier manera, los republicanos insisten en que la Constitución les da el derecho de exigirle cuentas a Mayorkas por su responsabilidad personal en relación con sus fallas en la aplicación de políticas en la frontera.

“El secretario Mayorkas, desde hace tres años, se ha negado obstinada y sistémicamente a cumplir las leyes promulgadas por el Congreso”, indicó en un comunicado el representante Mark Green, republicano de Tennessee que preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, luego de que el panel aprobó los artículos de juicio político.

“Lo cierto es que el comportamiento anárquico del secretario Mayorkas es justo el tipo de problema que querían resolver los redactores de la Constitución cuando crearon el impeachment. Es evidente a lo largo de la historia: el Congreso tiene la facultad de promover un juicio político para exigirles cuentas a los funcionarios públicos que se niegan a cumplir su deber y para responder a acciones que le causen daños graves al orden político”.

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