Ivermectina, el escándalo en México por tratamiento contra COVID-19 sin avisar a pacientes
Desde que inició la pandemia del covid-19 en China y hasta que se notificó al mundo que los científicos habían encontrado una vacuna para combatirla que, sin embargo, debería de ser sometida a una serie de experimentos y pruebas en los que, en su etapa final, participarían seres humanos, voluntarios, para comprobar la eficacia del medicamento, pasaron más de 18 meses, una hazaña no vista antes. Pruebas y medicamentos fueron avalados por la Organización Mundial de la Salud, así como por las autoridades sanitarias de los diversos países.
Mientras el rigor científico se abría paso por el mundo para combatir la pandemia, en la Ciudad de México (CDMX) las autoridades sanitarias decidieron llevar a cabo un programa de atención domiciliaria prehospitalaria que combina la detección temprana con la prueba de antígenos, el seguimiento telefónico de los pacientes positivos y la entrega de un botiquín que contenía ivermectina.
Así, las autoridades sanitarias del gobierno de Claudia Sheinbaum, suministraron ivermectina a 83 mil ciudadanos en una proceso se recolectó información sobre la evolución de esos enfermos, aun cuando dicho medicamento no fue admitido en el tratamiento del coronavirus ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).
Recientemente, la plataforma web SocAirXiv Papers, patrocinada por el Center for Open Science, eliminó de su acervo el estudio sobre ivermectina realizado por el gobierno de la CDMX, lo que supuso su descalificación académica, pues en dicho documento sustentaban su aplicación.
El estudio del gobierno de la CDMX se titulaba: “Ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México”.
El gobierno de Sheinbaum argumentó en su defensa que “la inclusión de ivermectina en el tratamiento de pacientes diagnosticados con COVID-19 con sintomatología leve, tuvo soporte en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020.”
Asimismo, reprochó a Phillip N. Cohen, director de la plataforma, SocAirXiv Papers, haber eliminado el estudio por razones políticas.
La respuesta de Cohen al gobierno de la CDMX fue: “Le dieron un fármaco a mucha gente que solo debería haber sido usado experimentalmente. Pero dijeron que era un tratamiento, no un experimento. Luego estudiaron los resultados. Piensan que eso hace que tanto el tratamiento como el estudio sean éticos, lo cual es complicado, pero creo que hace que ambos no sean éticos”.
La descalificación del empleo que las autoridades de la CDMX hicieron de la ivermectina no está en el método, sino en su entrega como tratamiento, y su consecuente aplicación, sin conocimiento ni autorización del paciente para participar en una investigación que, sin este elemento, se convierte en una acción carente de ética.
Según cifras de la secretaria de Salud del pasado fin de semana, se han registrado 5 millones 151 mil 525 casos de covid-19 y 309 mil 546 muertes.
Los registros administrativos de las actas de defunción del país indican un exceso de muertes de 460 mil y estiman que en realidad el número de contagios es de 5 millones 417 mil 512.
El uso de la ivermectina, usada para combatir parásitos en animales de granja, principalmente caballos y vacas, es sin duda uno de los mayores escándalos éticos, pues independientemente de si hubiera o no funcionado (que no fue así, y por eso la misma OMS la descartó) se entregó un tratamiento sin avisar a los pacientes que estaban formando parte de un proceso de investigación, por lo que se aplicó sin su consentimiento.
Eso en cualquier parte del mundo ya hubiera significado, por lo menos, la renuncia de los funcionarios involucrados, pero en México es un caso especial donde la contradicción es la regla, por lo que no es de extrañar que en la ciudad de las libertades, donde jamás fue obligatorio el cubrebocas ni la vacunación, un total de 83 mil personas no pudieron decidir de manera informada, si querían o no tomar la ivermectina que sus autoridades de salud les estaban suministrando.
