Perú expulsa al embajador de México por el respaldo de AMLO al expresidente Pedro Castillo
El gobierno de Perú concedió un salvoconducto para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda asilarse en México, al tiempo que declaró “persona non grata” al embajador, Pablo Monroy, y le dio “72 horas para abandonar” el país.
La decisión del gobierno peruano responde a “las reiteradas expresiones de las más altas autoridades” del gobierno de México “sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos”, dijo el martes la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, en un pronunciamiento.
La familia de Castillo ingresó este martes a la embajada mexicana en Lima.
En el comunicado oficial 014-22 del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano se indica que la decisión “ha sido adoptada como respuesta a las continuas y reiteradas declaraciones efectuadas por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación política en el Perú, las mismas que constituyen una inaceptable injerencia en asuntos internos, en clara violación al principio de no intervención”.
“Son de especial preocupación las declaraciones del Presidente López Obrador del día 16 de diciembre último sobre el Estado de emergencia decretado por el Gobierno del Perú en aplicación del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, así como las realizadas el 19 de diciembre sobre el orden democrático, Estado de derecho y legalidad en el país, y sobre la detención del expresidente Pedro Castillo, la misma que fue realizada en flagrancia conforme a derecho, luego de que anunciara un golpe de estado.
“Las declaraciones del Presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”, indica el documento.
Ebrard califica de ‘reprobable’ la decisión de Perú
El canciller Marcelo Ebrard calificó la decisión del gobierno de Perú de “infundada y reprobable”; afirmó que México no variará su posición.
En un mensaje en sus redes sociales, señaló que la conducta del embajador Pablo Monroy ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.
Tras el pronunciando del gobierno peruano, la Secretaría de Relaciones Exteriores instruyó al embajador Pablo Monroy regresar a México, con el fin de “resguardar su seguridad e integridad física”.
Detalló, en un breve comunicado, que la embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de cancillería de la Misión.
La dependencia informó que la representación mexicana continuará operando con normalidad.
“México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú”, indicó la secretaría a cargo del canciller Marcelo Ebrard.
México da asilo a familia del expresidente de Perú
Este lunes, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó que México dio asilo a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, como había anunciado la actual mandataria, Dina Boluarte.
“El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano. Están en nuestra embajada y cuando están en nuestra embajada se les concede el asilo”, sostuvo.
La familia de Castillo está conformada por su esposa, dos hijos de ambos y la hermana menor de su esposa, criada también como hija.
Perú y su crisis política
Perú vive inestabilidad política, luego de que el presidente Pedro Castillo quiso disolver el Congreso, pero fue destituido y posteriormente detenido.
Tras los sucesos, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió la presidencia del país sudamericano. La situación ha generado protestas violentas, que han dejado a miles de turistas varados en Cusco y Machu Picchu.
El Congreso del Perú aprobó el martes adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento de frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo.
En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores y contempla también que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.
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