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Los más de 4 mil mdp en mejoras sociales que la 4T dejó sin gastar

Pese a tener presupuesto aprobado, dependencias del gobierno federal no han gastado 4 mil 523 millones de pesos en becas, mantenimiento de carreteras, de sitios históricos; inversión en agua potable y alcantarillado, y en atención directa a víctimas de violaciones a derechos humanos.

Así lo detalla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su primer informe trimestral sobre las Finanzas Públicas y en la que se observa el avance del gasto público de enero a marzo de este año.

En el Informe de Hacienda se explica que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no ha gastado 130 millones de pesos que estaban etiquetados para becas de posgrado, apoyos a la calidad; e investigación Científica, Desarrollo e Innovación.

Además, del monto total que no se ha gastado en estos rubros, 2 mil 40 millones de pesos corresponde al mantenimiento de carreteras que debería aplicar la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte.

Según explica Hacienda, la Secretaría no ha gastado esos recursos, que estarían destinados a la “conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; así como para los proyectos de construcción de carreteras”.

La falta de mantenimiento en carreteras podría traer consecuencias para quienes las transitan. En octtubre pasado este medio publicó que mientras la inversión en mantenimiento ha disminuido, los accidentes han aumentado durante la actual administración.

En 2021, el recorte de presupuesto para dicho rubro tuvo un recorte de 28%, lo que significó 10 mil millones de pesos menos para invertir en la red carretera de todo el país. Ese año también fue el de mayor siniestralidad en el último lustro, con 15 mil accidentes carreteros, un aumento de 22% en comparación con 2018.

Ese año fallecieron 3 mil 298 personas y 8 mil 217 resultaron lesionadas, con una pérdida económica de más de 80 millones de dólares, según datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales del Instituto Mexicano del Transporte, órgano desconcentrado de la SICT.

Además, en los últimos cuatro años, la Secretaría de Infraestructura alertó sobre el riesgo de un aumento de accidentes carreteros ante la disminución de verificaciones al autotransporte, y la falta de personal y de viáticos para el traslado de funcionarios; por no autorizar la contratación de los médicos que hicieran exámenes físicos a los choferes, así como por falta de recursos para reparar las básculas descompuestas que debían pesar las cargas. Todo, debido al recorte presupuestal.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha gastado 2 mil millones de pesos que estaban destinados a la “infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, se informa en el reporte de Hacienda.

Un ejemplo del impacto de la falta de acción en la materia fue la inundación de Hidalgo, por el desbordamiento del Río Tula y que afectó el hospital General de Zona número 5 del IMSS, y dejó 14 pacientes muertos, el 6 de septiembre de 2021.

El desbordamiento del Río Tula en Hidalgo/Archivo.
El desbordamiento del Río Tula en Hidalgo/Archivo.

De acuerdo con información oficial, el desbordamiento no se debió a las lluvias en el estado, sino a que el afluente del río fue rebasado por las emisiones de aguas negras enviadas desde la Ciudad de México.

Otro factor fue que no se llevaron a cabo las obras que la Semarnat ordenó efectuar en el Río Tula desde 2017 para ampliar su capacidad de carga previo a la entrada en operación del Túnel Emisor Oriente (TEO), aunque el gobierno responsabilizó a grupos ambientalistas de haber impedido su realización.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha gastado 148 millones de pesos que estaban destinados a “atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como investigar expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos”.

Esto, cuando el país ha superado la cifra de 100 mil personas desaparecidas; cuando el Ejército presuntamente ha cometido violaciones a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales. Una ocurrida en febrero pasado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de 5 jóvenes.

Mientras que la Secretaría de Cultura no gastó 197 millones de pesos que debían invertirse en “la protección y conservación del Patrimonio Cultural; y a los Servicios de Educación Superior y Posgrado”, informa el reporte de Hacienda.

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