Miguel Tirado Rasso

TEMAS CENTRALES Revelaciones de Palacio

Por Miguel Tirado Rasso

Así que desde la Presidencia

se recomendaban los casos

para que fueran resueltos,

no conforme a derecho,

sino a conveniencia del Ejecutivo.

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, la frase atribuida a José María Iglesias sintetiza lo que podría significar la esencia del Estado de Derecho. Ese en el que los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente (INE). El gran estado moderno, que Max Weber definía como el estado en el que la legitimidad del poder depende de su legalidad. El Estado de Derecho sin el cual no existe democracia (INE), que es la forma de gobierno establecida por nuestra Constitución.

Pero resulta que en la Cuarta Transformación, la frase del efímero presidente interino Iglesias(1876), que con frecuencia se repite en la narrativa cotidiana de Palacio Nacional, no significa ni tiene los alcances mencionados porque, según sus otros datos, hay excepciones que permiten pasar sobre la ley. “Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad politica”, declaró recientemente el jefe del Ejecutivo, cuando se le cuestionó si no había sido un error haber publicado el número del celular de una periodista, violando la ley de privacidad de datos personales.

Y para que no hubiera duda, se le preguntó si lo volvería a hacer, a lo que contestó, “claro, claro, claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”.

Preocupa la interpretación que hace el jefe del Ejecutivo respecto de sus obligaciones y responsabilidades de ley, porque parecería que la protesta que rindió de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…” (Art. 87 Const.) cuando asumió el más alto cargo político del país, no la está considerando aplicable a su persona. Mal ejemplo de la máxima autoridad.

Pero tampoco la autonomía y la división de poderes, consagrados en nuestra Carta Magna, son vistos con buenos ojos desde Palacio Nacional. Tal vez por aquello de que su pecho no es bodega, el presidente decidió exponer los términos como considera que debe funcionar la relación del Ejecutivo con los otros poderes de la Unión.

Con el Legislativo está claro, porque así ha operado a lo largo de su administración. Supone que su investidura le permite instruir a los congresistas a procesar y aprobar, sin modificar ni una coma, sus iniciativas de ley. Aquí no hay lugar a vacilaciones, aunque resulten francamente anticonstitucionales o, por las prisas, no se cumplan las reglas de procedimiento y vengan, como consecuencia, los descalabros jurídicos.

La ahora deteriorada relación con el Poder Judicial, la explica el mandatario porque antes se le permitía intervenir, cuando presidía la SCJN el exministro Arturo Zaldivar, a quien recomendaba, respetuosamente, según dijo, los asuntos de interés de la Presidencia para que, a su vez, el ministro hablara con los jueces o magistrados y les dijera “cuidado con esto”. Eso sí, aclararía el mandatario, “pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen”.

Así que, de acuerdo con lo expresado por el mandatario, desde la Presidencia se recomendaban los casos para que fueran resueltos no conforme a derecho, sino a conveniencia del Ejecutivo.

Las cosas cambiaron cuando la ministra Norma Piña asumió la Presidencia de la Corte. La primera mujer en llegar a ese cargo, por cierto. Al mandatario incomodó que la ministra llegara a poner límites a la relación, que defendiera la división de poderes y declarara que “ los jueces son autónomos”, con lo que se acabaron las injerencias y las recomendaciones respetuosas. La reacción de Palacio fue reciclar su iniciativa de reforma judicial y enviarla al Congreso para acabar con la autonomía del Poder Judicial, construir una Corte a modo y ajustar la división de poderes. Lo suficiente para influir, desde el Ejecutivo, en los fallos de los jueces.

Desde luego que ante semejantes declaraciones, el ex ministro y ahora militante morenista, Arturo Zaldivar, tuvo que salir a tratar de explicar lo que el presidente López Obrador quiso decir. Negó enfáticamente que él hubiera hablado o influido ante jueces o magistrados en el fallo de asuntos judiciales. Ni recomendaciones ni sugerencias para resolver en algún sentido los casos. También rechazó que durante su gestión hubiera habido alguna injerencia indebida del Ejecutivo.

Pero la duda persiste, pues la renuncia del entonces ministro, faltando menos de un año para su retiro, para incorporarse al equipo de campaña de la candidata presidencial oficial de Morena, despertó sospechas de la existencia de conflictos de interés en el pasado. Además, con su renuncia, permitió al jefe del Ejecutivo hacer el nombramiento de una nueva ministra en la Corte, a modo de la 4T.

En el XlX Congreso Nacional de Abogados celebrado la semana pasada, habló la ministra presidente Norma Piña sobre la importancia de preservar la división de poderes y asegurar la independencia de los poderes judiciales.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, señaló, es un derecho de los justiciables. Si la independencia judicial se trastoca, impactará en una impartición de justicia que atienda a influyentismos y a razones ajenas al derecho, afirmó.

Ahí, el mensaje de la ministra.

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