SAN SALVADOR.- El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, acordó reducir de 262 a 44 el número de municipios a partir de 2024 con el argumento de bajar el gasto público, cuando falta menos de un año para las próximas elecciones presidenciales y generales. Es una nueva reforma que, según la oposición, busca concentrar el poder del gobierno y darle ventaja en futuros procesos electorales.

El Congreso aceptó así una propuesta del presidente Nayib Bukele, que ha manifestado sus intenciones de buscar la reelección en 2024 -aunque la Constitución lo prohíbe-, presentada a principios de mes junto con la de reducción de escaños parlamentarios de 86 a 60, ya aprobada por el Legislativo.

“Con súper mayoría, la Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que reduce el número de alcaldías de nuestro país, de 262 a 44. ¡Historia!”, escribió Bukele en Twitter.

Los diputados aprobaron el martes por la noche con 67 votos de los 84 posibles la ley que establecerá la nueva distribución.

“Se busca generar una distribución más equitativa de la riqueza y que esta se convierta y se transforme en oportunidades para la población salvadoreña, que mejore la calidad de vida del pueblo. Y le apostamos por primera vez al desarrollo territorial del país”, dijo la diputada del oficialista Nuevas Ideas Elisa Rosales..

Según estimaciones oficiales, la medida -que estará vigente a partir del 1 de mayo de 2024- podría significarle un ahorro anual de 250 millones de dólares al Estado.

Con esta ley los restantes municipios se transforman en “distritos” pertenecientes a los 14 departamentos (regiones) y se reduce el número de regidores municipales a un total de 372 frente a los casi 3000 actuales.

Para la oposición, la medida busca centralizar el poder del Ejecutivo, incrementar la burocracia para el desarrollo de proyectos y restar autonomía a las alcaldías en el manejo de sus recursos y la pluralidad de sus integrantes.

”Esta medida lo único que busca es la concentración del poder”, dijo el diputado César Reyes, del derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). “Ustedes buscan una ventaja electoral por sobre los salvadoreños”, añadió.

“Esta reconfiguración del territorio debía de hacerla con amplio debate, con la participación de las comunidades, con la participación de partidos políticos, de gremios, de la academia y de todos los sectores que estuviesen involucrados en esta toma de decisión. Es un aspecto que no se hizo”, analizó el abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana.

“Se hace siete meses antes de las elecciones con una clara finalidad de generar condiciones para que el partido oficial gane las municipalidades y mantenga el control del territorio. Eso es lo que está detrás, en parte, de esta reforma, el tema político electoral y obviamente tener controlado los territorios”, agregó Escobar.

El Salvador celebrará elecciones presidenciales y legislativas en febrero, mientras que las municipales y de Parlamento Centroamericano serán en marzo. Según encuestas, el partido oficialista goza de un alto nivel de preferencia.

Esta es la segunda reforma propuesta por Bukele que sale adelante en el Congreso en una semana, cambiando así el panorama electoral del país, que en febrero próximo celebrará elecciones pr.

Los diputados aprobaron la semana pasada una reforma del Código Electoral que elimina el sistema de residuos en la distribución de escaños legislativos y la reducción de 84 diputados a 60 que conformarán el Congreso.

Escobar sostuvo que esta medida “responde a un cálculo electoral, a una proyección electoral de parte del partido oficial y del presidente”, ya que con esto se busca “generar las condiciones para que el partido Nuevas Ideas obtenga o retenga la mayoría en la Asamblea Legislativa y también obtenga el mayor número de consejos municipales para mantener el control del territorio”.

Estado de excepción

En paralelo a la reforma, la Asamblea también aprobó una nueva prórroga -la número 15- del polémico estado de excepción decretado por primera vez en marzo de 2022 con el objetivo de solucionar el grave problema de seguridad que plantea la presencia de violentas bandas criminales denominadas maras.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de derechos en el marco del estado de excepción, que suspende la libertad de asociación, que una persona sea informada de sus derechos y los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideran sospechosos.

La ONG Cristosal informó recientemente que por lo menos 153 personas detenidas en El Salvador –ninguna estaba declarada culpable del delito- murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción. Su reporte revela también que los decesos de los detenidos fueron resultado de torturas y de lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad fallecieron por muerte violenta, indicó.

Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó que, después de una investigación, se archivaron 142 casos de muertes bajo custodia estatal coincidiendo con la medida, y aseguró que se comprobó científicamente que los presos fallecieron por causas naturales.