Crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, a seis meses de la elección presidencial en México
No ha sido fácil la construcción de la democracia en México. El dominio del PRI, por más de 70 años, auspiciado por el presidencialismo que tomó para sí la organización y arbitraje de los procesos electorales, llegó a su fin con las recurrentes crisis políticas suscitadas después de 1968, que pusieron en evidencia el repudio a la concentración del poder, cuando José López Portillo llegó a la presidencia sin tener adversario.
La Reforma Política impulsada en 1977 por Jesús Reyes Heroles abrió la puerta en el Poder Legislativo a los partidos de oposición. Desde entonces partidos, gobierno y sociedad civil, han trabajado en el diseño de un modelo de disputa por el poder que sea equitativo para las partes. Lo primero fue gestar instituciones fuera del dominio del gobierno, con autonomía garantizada por el Estado, a partir de un Código, aceptado por todos, que contiene las reglas de los procesos electorales. Fue creado el Instituto Federal Electoral (IFE) posteriormente transformado en Instituto Nacional Electoral (INE) y lo complementó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya función es dictaminar la legalidad de los procesos electorales y sentenciar los resultados finales con carácter de inapelables.
Siendo el TEPJF la institución que pone fin a la disputa por el poder al calificar, como última instancia, las elecciones, su relevancia es fundamental por otorgar legalidad al proceso electoral y, en consecuencia, generar certidumbre política.
En los próximos meses el TEPJF deberá dictaminar sobre la legalidad de más de 20 mil puestos de elección popular que serán votados en las elecciones de 2024, entre ellos destacan el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal, diputados y senadores y nueve gobiernos estatales.
La estructura del TEPJF se integra con siete magistrados, uno ocupa la presidencia. Son electos de manera escalonada, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN), que la envía al Senado para su dictaminación y consecuente ratificación.
Hoy la estructura del TEPJF está incompleta porque el Senado desde hace dos años no ha dictaminado sobre las ternas que la SCJN le envío. Actualmente tiene cinco magistrados y atraviesa por una crisis que podría poner en riesgo su credibilidad institucional.
El pasado 4 de diciembre el presidente magistrado del TEPJF Reyes Rodríguez Mondragón, presentó ante el pleno de la SCJN su informe anual de actividades. Al evento no asistieron los magistrados Mónica Arali Soto Fregoso, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera. Cuando transcurría el evento, desayunaban en un restaurante, publicaron una foto en redes sociales. Su ausencia en el informe fue interpretada como falta de liderazgo y existencia de un conflicto interno.
Los magistrados ausentes en el informe del presidente del TEPJF manifestaron su pérdida de confianza en el magistrado Reyes Rodríguez debido a que no comparten sus decisiones administrativas, la imposición de sus decisiones y la falta de comunicación, por lo que solicitaron su renuncia a la presidencia.
El presidente del TEPJF dijo que no encontraba justificación para la petición de renuncia de sus compañeros. Explicó que la inconformidad se debía a las políticas de austeridad que su administración aplicó, como eliminar vehículos oficiales, viajes en clase VIP, bonos de gasolina, peaje y alimentación. Comentó que cambios repentinos en la institución generaban incertidumbre y podrían afectar las percepciones sobre la capacidad institucional para garantizar la transmisión pacifica del poder.
La crisis en el TEPJF llegó a su término con la renuncia, a partir del 31 de diciembre, que el magistrado Reyes Rodríguez acordó con los magistrados inconformes, por lo que, en enero de 2024, será elegido un nuevo presidente.
En el presente sexenio es la tercera ocasión en la que un presidente del TEPJF no llega al final de su encargo. Por pugnas internas renunció la magistrada Janine Otálora, le siguió el interinato de Felipe Fuentes, que si terminó. Fue elegido José Luis Vargas, posteriormente fue desconocido por cinco magistrados y renunció. Ahora tres magistrados piden y logran la renuncia de Reyes Mondragón.
La crisis con la termina el año el TEPJF, cuando faltan menos de seis meses para que se realicen las elecciones en las que se disputarán más de 20 mil puestos, pone en evidencia que la ley que regula a esa institución debe ser revisada y modificada para evitar las asonadas internas que ponen fin a la presidencia en turno.
En su discurso de López Obrador dice frecuentemente que instituciones como el INE, INAI, IFETEL, TEPJF y otros son inútiles, representan un gasto oneroso y no sirven al pueblo. Ahora la crisis del Tribunal Electoral pareciera dar la razón a la propuesta del presidente de terminar con las instituciones que son el contrapeso para evitar los abusos del poder.
El sostén de las instituciones electorales es la sociedad civil, pero todo depende de la frágil plataforma de la credibilidad y la confianza que generan entre el pueblo. Si esta base no es sólida se corre el riesgo de la regresión a etapas históricas que fueron superadas pero que por la vía de la democracia podrían volver.
Los magistrados del TEPJF tienen una responsabilidad histórica que no pueden defraudar. Sus intereses personales y ambiciones no son relevantes. Tienen la última palabra y millones estarán atentos a su dictamen para la transmisión pacifica del poder.
