Decenas de activistas forman una cadena humana y gritan “¡libertad!” para pedir a la embajada española en Caracas que intervenga en favor de la defensora de los Derechos Humanos Rocío San Miguel. La abogada, que posee la doble nacionalidad venezolana y española, dirige la ONG Control Ciudadano, que documenta las violaciones de DD. HH. presuntamente cometidas por civiles y militares. Detenida el 9 de febrero, la activista es acusada de estar vinculada a un presunto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y se enfrenta a cargos de “traición” y “terrorismo”.
