Ministro admite a trámite las acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del ‘Plan B’ electoral
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del llamado “plan B” electoral, promovidas por el PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, así como diversos diputados y senadores.
El ministro Arturo Pérez Dayán será el encargado de realizar el proyecto, el cual podrá ser discutido en los próximos días.
“El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, desechó la presentada por el partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos”, informó la SCJN.
La primera parte del “plan B”, el cual fue aprobado el 27 de diciembre, es considerado por diputados opositores un atropello a disposiciones constitucionales y violan el principio de equidad en la contienda electoral al reinterpretar el concepto de propaganda y modificar los límites en la comunicación de servidores públicos durante el proceso electoral.
Estas reformas no entrarán en vigor para las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Aunque esta disposición está contenida en los artículos transitorios del mismo plan B, el ministro Alberto Pérez Dayán determinó que dicho decreto sea suspendido en esos estados.
Según el ministro, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democratico y a los derechos fundamentales implicados en éste.
“Se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; contiene modificaciones legales fundamentales y porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.
