Sedena espía a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a defensores de DH y líderes sociales de Guerrero
El Ejército también espía a los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, al abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, así como a líderes sociales, magisteriales, políticos y de derechos humanos.
Así lo revelan documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya sobre el seguimiento del Ejército mexicano, de acuerdo con El Sur de Acapulco.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
Según la información, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información” que reportan sus actividades y transmiten “al alto mando” información relevante para darla al “mando supremo” en las reuniones diarias de Palacio Nacional.
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos −quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas−, aunque aseguró que en su gobierno no se realiza espionaje, se hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”.
Sin embargo, el mandatario no justificó cuál fue el objetivo ni cuál fue la base legal de la Sedena para espiar.
La información obtenida por El Sur de Acapulco refiere que desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento, fechado el 10 de febrero del 2019 es un ‘tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
La información que deben entregar a la mayor brevedad” son enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento, canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos lícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos y grupos terroristas extranjeros.
Argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución”.
Soldado infiltrado
El 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y locales. Al exponer un informe sobre el caso, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, por lo que el Ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición.
De acuerdo con el informe, el soldado Julio César López Patolzin tenía la encomienda de infiltrarse en la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes.
