Texto e imagen de Fernando Silva
En los Estados Unidos Mexicanos, toda persona que obtenga, maneje o aplique recursos económicos federales en cualquier estado, municipio o alcaldía —de manera centralizada, paraestatal o paramunicipal—, así como un cargo de representación popular en la Presidencia, Senado o Cámara de Diputados; ser miembro del Poder Judicial de la Federación; que desempeñe un empleo o comisión de diversa naturaleza y, en general, quien por su conocimiento y/o experiencia realice un trabajo en la Administración Pública Federal, es un servidor público y, lo que no es discutible por ser evidente, adquieren voluntariamente la responsabilidad de estar al servicio de la ciudadanía o forasteros, a fin de promover con hechos a México como un gobierno democrático, comprometido y cercano a la gente, ya sean estos compatriotas, viajeros, invitados, migrantes o asilados. Por lo tanto, se asume que cada trabajador al servicio del Estado cuenta con la preparación necesaria para ejercer cabalmente tan importante labor, para ello, deben conocer las normas éticas a respetar y esencialmente cumplir, en concreto, comprender y respetar los códigos de la expresión escrita de un Ethos que forma parte de la cultura corporativa de las instituciones e instancias de gobierno. Por consiguiente, no es suficiente con establecer manifiestas pautas de conducta a fin de que sean reconocidas y las acaten, es vital que integren humanística formación en temas de administración pública que les permita saber y discernir que el compromiso de atención es hacia quienes residimos en el país, así como a los mexicanos que radican en el extranjero, por lo cual de no llevarlas a efecto, pueden ser sujetos de responsabilidad civil y administrativa sin seguirse para ello un procedimiento de declaración de procedencia.
Desastrosamente, alto porcentaje de servidores públicos no actúan con rectitud ni con honradez, sino todo lo contrario, sacan provecho o ventaja personal por sí o por interpósita persona, lo que ha llevado a la mengua de los valores éticos con los que deberían conducirse, por lo tanto, quien abusa de su cargo para obtener algún beneficio requiere de la participación —de aquello que mueve material o moralmente— como lo es el cohecho, delito consistente en aceptar sobornos y, con ello, ejecutar el acto de corrupción, ese malsano modo de ejercer influencia ilícita, ilegal e ilegítima desde cualquier instancia del gobierno para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa económica o material para sí mismo, para familiares o para amigos. Sobre el particular, un factor que acrecentó tan mezquinas prácticas fue el modelo económico neoliberal establecido en México por la bestia negra Carlos Salinas de Gortari, quien en su momento firmó el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en diciembre de 1992, acuerdo de tres naciones en donde Estados Unidos de América y Canadá fueron mayormente favorecidas, lo que promovió —entre otras cosas— mejores condiciones de libre mercado para esas naciones, desequilibrando el movimiento de bienes y servicios al ser controlado por oligarquías nacionales e internacionales.
Adicionalmente, no podemos pecar de inocencia al enterarnos de cómo es que algunos servidores públicos caen en las garras de la bajeza para transformarse en agentes de riesgo, particularmente, a través de convocatorias públicas desvirtuadas en no legítimas y, por ende, no amparadas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a más de recibir un soborno al someterse al «Si hago o no hago esto, te cobro tanto», lo que les acarrea de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública: «Las penas que conlleva el cohecho dependen de la cantidad o el valor de las dádivas, bienes o promesas indicados y pueden ser de tres meses a 14 años de prisión y de 30 a 150 días multa. La dádiva, además, tendrá que reintegrarse al Estado. Este delito se consuma independientemente de que quien lo comete, obtenga o no el resultado esperado». Otra forma de delinquir y, aún más grave, es cuando reciben un pago de dudosa procedencia como lo indica la Fiscalía General de la República (FGR): «El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de actividades ilícitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad».
Otros tipos de delitos que cometen algunos servidores públicos y que permiten el que se ejerzan perversos influjos dominantes en perjuicio de la nación y, por obviedad, de todos los mexicanos son:
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Ejercicio ilícito del servicio público.
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Abuso de autoridad.
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Coalición de servidores públicos.
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Uso ilícito de atribuciones y facultades.
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Remuneración ilícita.
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Concusión.
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Intimidación.
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Ejercicio abusivo de funciones.
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Tráfico de influencia.
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Peculado.
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Enriquecimiento ilícito.
Aquí, cabe hacer hincapié sobre la importancia de educar desde los hogares con principios humanistas, con el propósito de que la calidad de la vida en convivencia se rija en función de los valores universales y el respeto de los derechos civiles y humanos, evitando en la medida de lo deseable las ideologías establecidas por hegemonías capitalistas y grupos supremacistas, cuyas imposiciones en los sistemas o modelos socioeconómicos los basan en la avaricia del consumismo y la perniciosa soberbia, lo que ha permeado en las relaciones humanas —para mal— en múltiples escenarios sociales, generando inestabilidad e inseguridad con mayor afectación en los pueblos originarios y distantes comunidades rurales. Y globalizando la contrariedad que generan estos grupos clasistas, racistas y aporofóbicos, han llevado su mal intencionado odio al grado de arrogarse ideológicos conflictos bélicos (genocidio/limpieza étnica) como el llevado a cabo por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, del que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó le dicten órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, relacionados con la irracional tirria ejercida hacia el pueblo palestino. De ahí, que la ética y la moral se pongan como bandera de sensatez para aplacar las brutales acciones cobijadas por el rapaz e insostenible modelo capitalista que por décadas sustentó a los Estados Unidos de América.
Por lo anterior, invito a cavilar analizando con atención el espléndido rol que tienen los principios humanistas como generadores de equilibrio en toda sociedad, en el marco de una coexistencia equitativa, incluyente, fraterna, empática, generosa, tolerante y consciente, con el digno objetivo de que nos permita a todos, más allá de las naturales diferencias ideológicas, el no consentir que nadie ocupe un cargo público y se convierta en una carga pública, entendidos que el efecto último y más pernicioso de la corrupción en el campo de lo político, es el quebranto de la moral pública.
