TEMAS CENTRALES
Por Miguel Tirado Rasso
De acuerdo a una medición global,
México tiene uno de los índices
más altos de asesinatos por
motivos políticos en el mundo.
Faltan únicamente diez días para la jornada electoral más grande de la historia de nuestro país, por el número de cargos de elección popular en juego, 20 mil 79 (629 federales y 19 mil 450 locales); por la celebración de elecciones locales concurrentes en todas las entidades de la República (en nueve, para gobernador; en 31, para diputados locales, y en 30, para ayuntamientos), y por el número de posibles votantes, 98 millones 551 mil 372, según la Lista de Nominal de Electores (INE).
Un gran proceso electoral que, según algunos analistas, podría ser, también, el más violento de la historia. En un informe elaborado por representantes de 10 países miembros de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL), bajo el título “Observaciones, Situación y Riesgos Elecciones en México 2024″, se advierte que el fenómeno de la violencia en nuestro país está afectando la estabilidad electoral local.
Que en el actual proceso electoral se percibe un aumento de violencia política que incluyen amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos contra funcionarios públicos, precandidatos y candidatos para obligarlos a cooperar con el crimen organizado o, de lo contrario, son eliminados.
En el informe de la Comisión de Paz y Resoluciones de Conflictos de la COPPAL se plantea, como una de las principales preocupaciones, la infiltración de los grupos criminales en partidos políticos y en las instituciones públicas. “Esta infiltración, señala, ha llevado a casos de corrupción y a la manipulación de los resultados electorales a favor de los intereses del crimen organizado. Además (de que) utiliza la violencia e intimidación como herramientas para influir en el proceso electoral.”
El análisis destaca una preocupación más, el financiamiento de campañas a candidatos del partido oficialista “a través del crimen organizado, entre ellos el huachicol (robo y venta ilegal de combustible que se ha incrementado en 117 por ciento en la actual administración)”, según se afirma en el informe.
También alude a la interferencia del presidente López Obrador en el proceso electoral, lo que, indica, ha provocado que la autoridad electoral haya impuesto 17 sanciones y dictado 43 medidas cautelares, sin que se haya logrado evitar que el Ejecutivo cese sus intromisiones.
Recientemente, la empresa de consultoría Integralia presentó su Tercera Actualización del Reporte de Violencia Política, con datos al primero de mayo de 2024. De acuerdo al estudio, en sólo diez días el número de casos de violencia política aumentaron de 501 a 560 víctimas en lo que va del actual proceso electoral, lo que significa un promedio diario de 2.3 víctimas.
Esta cifra global incluye a aspirantes o candidatos, sus familiares, funcionarios públicos, políticos y víctimas colaterales. En el reporte, que no incluye los sucesos ocurridos en mayo, Integralia tiene registradas 29 ejecuciones contra aspirantes a cargos de elección popular. De ellos, 86 por ciento iba tras un cargo de elección municipal. 55 por ciento de las víctimas pertenecía al oficialismo, Morena o sus aliados. Por el número de casos, se señala a los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas como los más violentos.
Otro reporte, el del Índice de Paz México (IPM), del Instituto para la Economía y la Paz, indica que nuestro país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ser político. De acuerdo a una medición global, refiere el estudio, México tiene uno de los índices más altos de asesinatos por motivos políticos, en el mundo. “… la violencia política ha aumentado sustancialmente en los últimos tres años, pasando de 51 asesinatos de figuras políticas y funcionarios gubernamentales en 2020 a 171, en 2023. Este es el tercer año consecutivo de deterioro”, indica la investigación.
Este análisis indica que la violencia política tiene mayor impacto en los miembros de los Poderes Ejecutivos, pues más de la mitad de los ataques están dirigidos a alcaldes, gobernadores y miembros del gabinete, actuales y anteriores.
Por otro lado, en días pasados nos enteramos, a través de la prensa, que en el estado de Chiapas, alrededor de 515 candidatos a puestos de elección popular renunciaron a la competencia electoral por diversos motivos. Problemas personales y otras razones se adujeron, sin faltar la de la inseguridad.
Unas semanas atrás, se supo que en el estado de Zacatecas, igualmente había habido renuncias. Alrededor de 200 candidatas a cargos de elección habían optado por abandonar el proceso. También, en este caso, las razones fueron diversas, sin faltar la de la inseguridad.
Estos son los otros datos, los de la realidad que viven diariamente los actores y protagonistas del proceso electoral. Ciertamente, distintos y distantes del punto de vista de Palacio Nacional, en donde se asegura que el proceso electoral “marcha bien, requetebién” y en calma y se afirma que los informes de violencia, difundidos por los medios de comunicación son parte de una estrategia de guerra sucia en contra del gobierno. En fin.
